En una tensa reunión, cruzada por acusaciones entre el oficialismo y la oposición, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citará como testigo al fiscal Carlos Stornelli en el proceso que lleva adelante contra los cuatro jueces de la Corte Suprema.
Stornelli, que fue el fiscal del caso de los cuadernos de las coimas durante el kirchnerismo, deberá presentarse tras el pedido que realizó el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, después de que el juez Alejo Ramos Padilla lo nombrara en distintos pasajes de su declaración. Los diputados de Juntos por el Cambio rechazaron la citación y agudizaron las diferencias en lo que interpretan como una embestida al Poder Judicial.
El primer testigo en prestar declaración fue el juez federal Sebastián Ramos quien, a instancias del fiscal Carlos Stornelli, archivó el mes pasado la causa en la que se investigaban los mensajes cruzados entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro. Stornelli decidió no impulsar la acción penal y pidió el archivo de la causa con el argumento de que la denuncia se basaba en una comunicación obtenida de manera ilegal.
Los diputados oficialistas, críticos de la actitud de Ramos, insistieron en conocer por qué dispuso, en plena feria judicial, el archivo de las actuaciones sin haber investigado previamente. El magistrado repitió una y otra vez el mismo libreto: la ley y la Constitución le prohíbe a los jueces proponer medidas de prueba por encima de aquéllas que manda el Ministerio Público Fiscal. En este caso puntual, el fiscal Stornelli solicitó el archivo de las actuaciones por lo que, previo control de razonabilidad, actuó en consonancia.
No conformes, el oficialismo insistió con la misma pregunta al siguiente testigo, el juez federal Alejo Ramos Padilla, a quien la oposición lo ubica cercano al kirchnerismo. El mes pasado este magistrado, tras recibir una denuncia del gobernador bonaerense Axel Kicillof contra Robles y D’Alessandro, se declaró incompetente pero, a contramano del juez Ramos y el fiscal Stornelli, sostuvo que debía investigarse la denuncia sobre los mensajes cruzados.
Los legisladores opositores denunciaron que el trámite que impulsa el Frente de Todos es “ilegitimo, arbitrario e ilegal” y que, por lo tanto, “se encuentra viciado de nulidad”. Los diputados de Juntos por el Cambio objetan, entre otras cosas, que sus pares del oficialismo pretendan utilizar pruebas obtenidas de manera ilegal -los mensajes cruzados entre Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro- para acusar a los jueces del máximo tribunal de mal desempeño y de la posible comisión de delitos.
En ese marco, la oposición
La oposición denunció una “flagrante violación al debido proceso” en el funcionamiento de la comisión y acusó al Frente de Todos de “habilitar la producción de prueba sin intervención judicial” y se “convirtió al Congreso en un órgano capaz de ejercer de hecho actividades de inteligencia ilegal.
El vicepresidente de la Comisión, el diputado de la Coalición Cívica-ARI Juan Manuel López, leyó un escrito firmado por los legisladores de la oposición que integran ese cuerpo y señaló que “hay una serie de irregularidades que se sigue manteniendo” en el proceso, así como también denunció que el procedimiento está “viciado de nulidad”.
“Advertimos que la Comisión no sólo ha cometido severas irregularidades, sino que además ha avanzado ilegalmente en el marco de la etapa probatoria”, indica el texto en cuestión. Y agrega: “La Comisión está llevando adelante un proceso penal paralelo”.
Acto seguido, López indicó: “Ahora vamos a levantarnos para poder contar a la sociedad más sobre lo que venimos a denunciar acá”.
Ante esa decisión, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, expresó: “Una pena que no se pueda argumentar en esta comisión y que hayan recurrido a este argumento, que ya lo conocimos varias veces en el recinto. Cuando uno tiene pocos argumentos, lo mejor es levantarse e irse”.
Y añadió: “Sin prueba producida no hay posible perjuicio y sin posible perjuicio no hay ningún margen de acción de nulidad”. (DIB)