Bajo el lema “En defensa de la educación pública”, la movilización contará con el apoyo de otras universidades nacionales, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA. Y, además, como gesto se sumaron a la marcha entidades educaticas privadas como el Centro de Estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y San Andrés (UdeSA).
La movilización, fuertemente criticada por el Gobierno que desplegará efectivos de las cuatro fuerzas federales para evitar el corte total de calles, comenzará en la plaza del Congreso Nacional, en la esquina de las avenidas Callao y Rivadavia. Desde allí se trasladarán hacia Plaza de Mayo, donde a las 18 leerán un comunicado elaborado de forma consensuada entre la UBA, todas las facultades y otras universidades nacionales.
En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a todas las Universidades Nacionales Argentinas, manifestó que la marcha convocada es “una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional” e invita a un “diálogo” con el Gobierno Nacional. A su vez reclamaron “el planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras”.
Pelea por los fondos
La semana pasada, el Gobierno anunció una “propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional” respecto a la situación presupuestaria de las universidades públicas. La decisión del ministerio de Capital Humano dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales.
En tanto que anunció otro 70% en mayo, alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, la medida asignó una partida extraordinaria para necesidades de los hospitales universitarios por una suma de $14.403.479.661. Desde la UBA salieron a desmentir el acuerdo y señalaron que la medida era “insuficiente”.
Paralelamente, la Casa Rosada también anticipó que avanzará en un programa de auditoría conjunta de las universidades nacionales para perfeccionar el sistema actual. Y convocó a una reunión para el 30 de abril.
El presupuesto universitario tiene tres partes: los salarios del personal docentes y no docentes, gastos de funcionamiento y, por último, programas especiales. Actualmente, de los gastos que requiere la universidad, cerca de un 90% del total corresponde a salarios y un 10% se destina a otros gastos para funcionamiento.
Protocolo de Bullrich
A la espera de una movilización masiva, el Gobierno de Milei preparó un fuerte operativo de seguridad para garantizar el orden público y la circulación en el centro porteño. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, coordinó con su par de la Ciudad Autónoma, Waldo Wolff, el despliegue de fuerzas y la logística.
En ese sentido, se espera que la administración nacional aplique el Protocolo Para el Orden Público, conocido como “Protocolo Anti piquetes”. Se trata del instrumento que implementó Bullrichdesde que asumió en su cargo, el 10 de diciembre, y ejecutó en cada movilización piquetera, de movimientos sociales o espacios políticos. Sin embargo, hubo movilizaciones masivas por efemérides, como la del 24 de marzo, en la que el Gobierno no aplicó ese protocolo.
No obstante, el Gobierno ve con preocupación quer a la marcha se hayan sumado además la CGT, las dos CTA, espacios políticos, como el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, movimientos sociales y piqueteros. (DIB)