La situación del financiamiento de las universidades públicas en Argentina ha alcanzado niveles críticos que demandan una atención urgente y acciones concretas por parte de las autoridades gubernamentales. La marcha convocada para este martes 23 de abril es un reflejo palpable de la preocupación y el descontento que prevalece en la comunidad educativa ante el ajuste presupuestario que amenaza con socavar la calidad y el acceso a la educación superior en el país.
Con 65 centros universitarios de gestión estatal, las universidades públicas desempeñan un papel fundamental en la formación de profesionales y en la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico en Argentina. Sin embargo, el recorte de fondos por parte del gobierno representa un obstáculo insuperable para el desarrollo y la sustentabilidad de estas instituciones.
El impacto de esta crisis no se limita únicamente al ámbito académico, sino que tiene consecuencias directas en el futuro de la sociedad argentina. La falta de inversión en educación superior compromete la movilidad social, perpetúa la desigualdad y limita las oportunidades de desarrollo económico y cultural para las futuras generaciones.
En todo el territorio nacional había en 2022 –el último registro disponible– 2.714.277 estudiantes universitarios, de los cuales 2.162.947 estudiaban en universidades e institutos universitarios de gestión estatal, y los restantes 551.330, en instituciones privadas. Esto quiere decir que, en nuestro país, hasta ese año, el 80% de los universitarios recibía educación pública, y un 20%, educación privada, de acuerdo a datos que surgen de un pedido de Acceso a la Información Pública.
La marcha en Chascomús tendrá epicentro en el reloj de los italianos a las 20 horas, donde se espera que la ciudadanía responda ante semejante pedido de ayuda para la educación pública. Este evento no solo representa un reclamo por un presupuesto justo, sino también una demanda de compromiso por parte de toda la sociedad en la defensa de un derecho fundamental: la educación de calidad para todos.
Es imperativo que las autoridades comprendan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia, priorizando el financiamiento adecuado de las universidades públicas como una inversión en el futuro del país. El acceso a una educación de calidad no puede ser un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho garantizado para todos los ciudadanos argentinos.
Es hora de dejar de lado las medidas de ajuste y adoptar políticas que promuevan la inclusión, la excelencia académica y la equidad en el sistema universitario. El futuro de Argentina depende en gran medida de la fortaleza y el compromiso con la educación pública, y es responsabilidad de todos velar por su preservación y fortalecimiento.