La declaración de una de las imputadas además de testimonios de dos exintendentes incorporados por lectura y de tres testigos de la defensa formaron parte esta semana de la última etapa del debate en el juicio que se lleva a cabo contra los hijos de Miguel Save, quien integró en los años ’70 la banda paramilitar encabezada por Aníbal Gordon -al servicio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)- y que compró terrenos en Chascomús, según se presume, con dinero obtenido a partir de crímenes de lesa humanidad. Los alegatos en el juicio por lavado de dinero se iniciarán el 17 de abril.
“No teníamos ni idea de todo esto y lo descubrimos gracias a este proceso. Nosotros no queremos esos terrenos. Si fueron mal habidos nosotros no formamos parte, lo ponemos a disposición para lo que sea”. Con esas palabras, María Eugenia Save, la menor de las cuatro hermanas, dio su testimonio ante el juez Roberto Falcone que encabeza el juicio en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y ratificó su declaración dada durante la instrucción de la causa y que se había leído durante una audiencia previa.
El desconocimiento del origen de los terrenos en cuestión y de una serie de operaciones y actos irregulares a través de las cuales pasaron a ser los titulares de las tierras es la postura que mantienen en su defensa los cuatro acusados y que ratificaron a través de la declaración de una de ellas.
Es que en el juicio, que se inició en febrero, María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save están acusados de ser coautores del delito de lavado de activos de origen ilícito.
La fiscalía, representada por Juan Pablo Curi, sostiene que al menos desde 1999 realizaron una serie de operaciones a través de las cuales lograron la inscripción como titulares registrables en 2008 -luego de fallecido su padre- de los terrenos de Chascomús que habrían sido adquiridos en 1976 con el dinero obtenido a partir de delitos de lesa humanidad como homicidios, secuestros, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad llevados a cabo por la organización ilegal que funcionaba al servicio de la ex SIDE y bajo las órdenes de Aníbal Gordon y que integraba Miguel Save, oriundo de esa localidad.
A lo largo de las audiencias, en el juicio no sólo se escucharon declaraciones vinculadas a esas operatorias sino también al origen del caso: la compra y el funcionamiento del campo en el que en 1976 Save, Gordon y otros integrantes de la SIDE pusieron a trabajar a una treintena de personas con el objetivo -nunca alcanzado- de construir allí un club náutico con dinero obtenido de sus crímenes, entre ellos el secuestro de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, uruguayo y miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quien fue posteriormente asesinado.
En la audiencia de esta semana la declaración de una de las acusadas fue el elemento sobresaliente. Se mostró atravesada por lágrimas y reafirmó su “desconocimiento” de las actividades de su padre y de las operaciones posteriores para “blanquear” la compra del terreno que finalmente quedó en sus manos tras el fallecimiento de Save tras sufrir cáncer.
“Yo nací en 1979, en 1976 ni había nacido. Fue muy duro enterarnos de todo esto”, reiteró respecto al accionar de su padre en crímenes de lesa humanidad a través de la banda parapolicial e insistió, tal como ya lo había hecho, en que junto a sus hermanos “nunca supieron todo lo que había atrás de ese campo” y que incluso “siempre pensaron” que había sido comprado legalmente. “Es muy difícil asimilar todo lo que hizo nuestro padre”, afirmó y definió: “Yo no me quiero hacer cargo de la historia de mi padre, porque yo tengo mi historia, nosotros siempre fuimos muy respetuosos con la vida, con las personas. No nos merecemos esto”.
Durante la audiencia, además, se incorporaron por lectura los testimonios de dos exintendentes de Chascomús ya fallecidos, Norberto Fernandino y Miguel Ángel Tocci. El último de ellos cuando fue senador provincial había presentado un proyecto de ley que nunca prosperó y que proponía que los terrenos pasaran a ser propiedad del Estado provincial para determinar “qué había pasado en ese lugar”.
Cabe recordar que en el origen de la investigación se llegó a sospechar que ese lugar también había funcionado como centro clandestino de detención y como lugar de enterramiento de víctimas de terrorismo de Estado aunque nada de ello avanzó en base a las pruebas recolectadas aunque sí la Justicia continuó indagando sobre el origen de la compra de las tierras posiblemente con dinero proveniente de delitos de lesa humanidad.
Por la última audiencia, a su vez, pasaron, dos testigos aportadas por la defensa, amigas de la madre de los cuatro acusados, que relataron cómo había sido la vida de la familia con la ausencia de Save en la crianza de sus hijos, el buen concepto general de ellos y lo “reservado” que era el hombre ante ellos. Un tercer testigo que había trabajado para Save en un parador de la Ruta 2 aportó distintos datos que serán de interés para la postura que alegará la defensa en busca de hacer hincapié en las posibilidades de que el dinero para la compra del terreno haya salido de ese emprendimiento.
Tras el cierre del paso de testigos, y a la espera de la incorporación de una serie de documentación, el miércoles 17 será el momento en el que empiecen los alegatos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas integradas por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (Codesedh). Fuente: Qué Digital