Seguridad: El Fiscal General Escoda respondió al Concejo Deliberante y ratificó la reserva de las investigaciones

​El Honorable Concejo Deliberante de Chascomús recibió esta semana una respuesta formal por parte del Fiscal General del Departamento Judicial de Dolores, Diego Leonardo Escoda. El documento surge como contestación a una nota cursada previamente por el cuerpo legislativo hacia la Fiscalía N.º 9 de nuestra ciudad, en busca de precisiones sobre el funcionamiento de la seguridad y el estado de las investigaciones judiciales.

​En su misiva, el Dr. Diego Escoda fue tajante al señalar los límites legales que rigen la función judicial. Amparándose en el artículo 47 de la Ley 14.442, el Fiscal General explicó que los integrantes del Ministerio Público tienen estrictamente prohibido suministrar información judicial de su competencia que pueda comprometer la seguridad o la privacidad de los ciudadanos involucrados.

​"La ley es clara en cuanto a la reserva que debe existir en el trámite de las investigaciones, ya que de ello puede depender la eficacia y el trámite de las mismas", subrayó Escoda en el despacho.

​Competencia provincial

​Respecto a las consultas sobre el funcionamiento del sistema de seguridad, el Fiscal General remitió a los concejales a la Ley 12.154. Según detalló, dicha normativa establece que la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento corresponde directamente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

​En este sentido, recordó que es el Gobernador de la Provincia, en su carácter de Jefe de la Administración, quien tiene a su cargo la implementación de las políticas de seguridad en todo el territorio bonaerense, deslindando así responsabilidades directas del ámbito judicial en la formulación de dichas estrategias.

Asistencia a las víctimas

​Pese a las restricciones informativas, el despacho destacó el rol social que cumplen las Fiscalías Descentralizadas en la ciudad. Escoda puso de relieve el funcionamiento del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), un espacio integrado por psicólogos y trabajadores sociales.

​Este organismo tiene como misión acompañar, informar y guiar a las víctimas directas de delitos durante todo el proceso judicial, una labor que, según destacó el Fiscal, se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde hace años en la jurisdicción.

​Con esta respuesta, queda marcada la postura del Ministerio Público Fiscal de mantener la confidencialidad de los procesos judiciales frente a los requerimientos de información del poder político local, priorizando el éxito de las investigaciones en curso.

El origen del reclamo

​La respuesta de Escoda surge como consecuencia de la Comunicación N° 4044/C, sancionada por el Concejo el pasado 12 de marzo. En dicho documento, enviado también al Intendente Javier Gastón, los ediles expusieron dos hechos de "extrema gravedad": 

• ​Apuñalamiento en la Estación Ferroautomotor: Ocurrido el 26 de enero, donde una persona debió ser hospitalizada con heridas de gravedad.
• ​Ataque a balazos en el barrio San Cayetano: Un atentado con arma de fuego contra la fachada de una vivienda mientras una familia, con niños incluidos, se encontraba en su interior.

​Lo que motivó la intervención del Concejo no fue solo la violencia de los hechos, sino las presuntas irregularidades en la actuación de la Policía. Según la comunicación del cuerpo, existen sospechas sobre la falta de preservación de las escenas, demoras en la recepción de denuncias y, fundamentalmente, la posibilidad de que los hechos no hayan sido comunicados en tiempo y forma al Ministerio Público Fiscal.

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El Cronista

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