Representación regional en el Senado: empresarios de la Cuenca del Salado debatieron los alcances de la reforma laboral
Con la participación activa de representantes locales como Darío Leguizamón, los empresarios de la Cuenca del Salado buscan que la voz de las pymes del interior sea escuchada en el Congreso. El desafío del oficialismo ahora es equilibrar la modernización laboral con la seguridad jurídica que reclaman quienes generan el mayor porcentaje de empleo en la región.
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Integrantes de la Región Empresaria del Salado (REMSAL) y cámaras de comercio locales mantuvieron una mesa de trabajo con equipos técnicos de La Libertad Avanza. El empresario chascomunense Darío Leguizamón participó del encuentro donde se expusieron las necesidades críticas de las micro y pequeñas pymes de la región.
En el marco del debate por la Ley de Modernización Laboral, un nutrido grupo de dirigentes y empresarios de la Cuenca del Salado fue recibido en el anexo de la Cámara de Senadores por equipos técnicos vinculados al oficialismo y a la ministra Patricia Bullrich. El objetivo central del encuentro fue trasladar la visión de las pymes regionales, que actualmente concentran cerca del 74% del empleo nacional, frente al proyecto que el Gobierno busca llevar al recinto el próximo 11 de febrero.
La comitiva de la Región Empresaria del Salado (REMSAL), acompañada por diversas cámaras de comercio de la zona, aportó experiencias y vivencias sobre la realidad que atraviesan las empresas en los pueblos de la cuenca. En representación del sector productivo de nuestra ciudad, se destacó la presencia del empresario chascomunense Darío Leguizamón, quien integró la mesa de diálogo aportando la perspectiva local sobre los desafíos de contratación y sostenibilidad administrativa de las pymes de Chascomús.
Los ejes del debate: El "nudo" de la reforma
El proyecto actual cuenta con 213 artículos y propone cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y plataformas tecnológicas, entre otros. Por su parte, los empresarios de CAME pusieron el foco en cuatro puntos sensibles que generan incertidumbre en el sector pyme:
- Fin de la ultraactividad (Art. 126): Se propone eliminar la prórroga automática de los convenios vencidos. Desde el sector advierten que esto obligaría a renegociaciones constantes para las cuales las pymes no cuentan con la estructura jurídica suficiente.
- Financiamiento de cámaras (Art. 128): La supresión de contribuciones patronales solidarias, calificadas por el Gobierno como "peajes privados", preocupa a las asociaciones de empleadores, ya que estos fondos sostienen programas de capacitación técnica y formación federal.
- Descentralización de la negociación (Arts. 130 y 131): La reforma busca que los acuerdos por empresa o región prevalezcan sobre los nacionales de rama. Cámaras como CAME alertan que esto podría generar competencia desleal y desigualdad de fuerzas frente a los sindicatos.
- Facultad estatal de anulación (Art. 132): El Estado podría suspender la homologación de convenios si alega "distorsiones económicas graves". Para los empresarios, esto introduce un factor de inseguridad jurídica.
Camino al 11 de febrero
Tras obtener el dictamen a fines del año pasado, el oficialismo ha utilizado los últimos meses para tejer consensos políticos que le permitan alcanzar la media sanción en la Cámara Alta. Los representantes de la Cuenca del Salado manifestaron su apoyo a la iniciativa de modernización, pero insistieron en la necesidad de contemplar cláusulas que protejan a las unidades productivas más pequeñas frente a la litigiosidad y los vacíos normativos.
La reunión concluyó con el compromiso de los equipos técnicos de analizar los aportes regionales antes del tratamiento en el recinto, donde se definirá el futuro de un marco legal que impacta directamente en la organización del trabajo, desde el personal de casas particulares hasta el régimen agrario y el teletrabajo.
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