Puente del Rio Salado
Frente a esta coyuntura se imponen dos alternativas: seguir aferrándose a la excusa del negacionismo para no invertir en infraestructura o implementar medidas de prevención, diseñar planes de obras y acciones para contener los efectos que producen los extremos climáticos en un planeta en permanente transformación. Es decir, escuchar lo que sostienen y advierten los científicos sobre los efectos del calentamiento global cuyas consecuencias, entre muchas otras, son los elevados niveles de precipitaciones que se están desarrollando en regiones específicas de todo el mundo.
Elaborar y ejecutar iniciativas públicas ambientales, priorizar la gestión de sistemas de alerta temprana, y diseñar cálculos de riesgo y de respuesta efectivas ante eventos extraordinarios, implica que los Estados planifiquen e inviertan de manera sostenida en estas políticas. En el mismo sentido, se precisan obras hidráulicas estructurales para mitigar los efectos del cambio climático, reducir el riesgo hídrico en las ciudades y áreas rurales, y proteger las zonas costeras de la erosión y el aumento del nivel del mar, en un territorio que cada vez se encuentra más expuesto a fenómenos extremos como los vividos en Bahía Blanca. En contraposición a todo esto, desde el inicio de su gestión el Gobierno Nacional desmanteló las áreas específicas de ambiente y del servicio meteorológico nacional, así como también recortó presupuesto y abandonó las obras que se encontraban en marcha para hacer frente a estas problemáticas y necesidades.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante un Plan de Prevención del Riesgo Hídrico en Ciudades, integrado por 130 obras y proyectos de defensa costera y de drenajes urbanos, que representan una inversión actualizada estimada de $1,5 billones.
La ejecución de políticas de infraestructura hídrica con perspectiva de desarrollo sostenible surge como una necesidad, teniendo en cuenta que, por efecto del cambio climático, Argentina se encuentra entre los 20 países del mundo más expuestos potencialmente a que su población sea afectada por inundaciones fluviales. Al mismo tiempo, los períodos de sequía se vienen intensificando: en 2023, a nivel país se perdieron 18.500 millones de dólares por esta causa, lo que equivale al 2,9% del PBI, y se estima que para 2050 esa cifra podría elevarse al 4%; mientras que, en la Provincia de Buenos Aires, generaron pérdidas económicas por 8.500 millones de dólares. A ello se suma que para 2045 se proyecta un incremento en el nivel medio del mar en la costa bonaerense de entre 18 y 20 cm.
En este marco, desde la provincia de Buenos Aires se avanza con proyectos en dos sentidos: por un lado, obras de drenajes urbanos para reducir el riesgo hídrico en las ciudades y la peligrosidad frente a los cambios en los regímenes de lluvias; y por otro, obras de defensa destinadas a mitigar el impacto de la erosión costera que genera un retroceso de la costa marítima e inundaciones urbanas por el aumento del nivel del mar en los municipios ubicados sobre el Océano Atlántico.
Entre las 130 obras y proyectos que conforman el Plan, 60 corresponden a microdrenajes urbanos, 56 de macrodrenajes urbanos, 8 a intervenciones de defensa costera atlántica y 6 son de defensas costeras fluviales. De ese total, 14 obras fueron finalizadas, 49 se encuentran en ejecución, 10 están a licitar y en proceso de licitación; 2 en proceso de reactivación y 9 en estado neutralizado por distintas razones vinculadas a cuestiones administrativas. Asimismo, 46 intervenciones se encuentran en proyecto.
Todas estas obras son fundamentales para contrarrestar los evidentes efectos del impacto del cambio climático sobre el planeta. De igual manera, es necesaria una urgente concientización tanto individual como colectiva para adquirir nuevas conductas y hábitos que no profundicen los daños ambientales al igual que el desarrollo de políticas públicas a corto y largo que acompañen dichos cambios.
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