Preocupación en Chascomús: un productor rural denunció la irrupción de galgueros armados en su campo

El productor agropecuario Manuel Anchorena, oriundo del partido de Chascomús, denunció un nuevo episodio de violencia rural en su establecimiento, cuando un grupo de al menos diez personas vinculadas a la caza furtiva y las carreras clandestinas de galgos ingresó de manera ilegal al predio, a solo metros de su casa, donde se encontraba sola su madre de 70 años.

El hecho ocurrió el sábado 27 de julio, cerca del mediodía, y fue relatado por el propio Anchorena en declaraciones al diario La Nación. Según su testimonio, los agresores —algunos de ellos encapuchados y armados con cuchillos— llegaron en una combi proveniente de Guernica e irrumpieron en el campo con total impunidad.

“Nos van a tomar en serio cuando haya un muerto”, advirtió el productor, quien ya había realizado denuncias previas por situaciones similares. Esta vez, sin embargo, la tensión escaló al punto de generar temor por la integridad física de su madre, quien lo llamó aterrada al advertir la presencia de los intrusos en el parque de la casa.

“Cruzaron el alambrado, cortaron un plástico con un cuchillo y estaban a cinco metros de la puerta. Llamé al 911, pero el promedio de respuesta en la zona es de una hora. Yo estaba a 30 kilómetros, y llegué antes que la policía”, relató Anchorena.

Al arribar, se encontró con un supuesto remisero en la entrada de la casa que se negó a dar explicaciones. Tras una tensa discusión, logró ingresar al predio y asistir a su madre, visiblemente afectada. “Estaba llorando, asustada, en un estado de mucho temor”, describió.

El móvil policial arribó más tarde, con dos oficiales mujeres que no lograron intervenir ante la magnitud del conflicto.

Una situación que se repite y preocupa

Anchorena viene advirtiendo desde hace años sobre la presencia recurrente de cazadores y galgueros en la zona, que ingresan sin autorización a campos productivos, generando pérdidas económicas, amenazas y un clima de constante inseguridad. En su establecimiento —donde trabajan con 300 vacas en parición bajo un modelo de pastoreo regenerativo—, los ingresos ilegales obligan a separar vacas de sus terneros, lo que repercute directamente en la producción.

Además del impacto productivo, el productor subrayó el compromiso ambiental con el que trabaja su familia: “Protegemos la fauna autóctona, respetamos la biodiversidad. Tratamos de hacer las cosas bien, dentro de lo que está a nuestro alcance”.

Pero lo más alarmante, señala, es la inacción judicial ante los reiterados episodios denunciados. Según explicó, años atrás presentaron pruebas de un ingreso similar por parte de personas provenientes de Santa Fe con galgos, pero la causa fue archivada. “El fiscal Jonathan Robert dijo que nuestra casa es del picaporte para adentro, no del picaporte para afuera. Esa es la lógica con la que nos topamos”, denunció. También apuntó al fiscal general del Departamento Judicial de Dolores, Diego Escoda, con quien se reunió hace dos o tres años sin obtener avances concretos.

“Estamos solos en el campo. Lo venimos denunciando desde 2010. No sabemos cómo va a terminar esto”, lamentó Anchorena. El productor indicó que ha tenido que recurrir a perros de seguridad y extremar medidas preventivas por las amenazas constantes que recibe. “Cada vez que me bajo de una tranquera, tengo que mirar para atrás”, confesó.

La falta de respuesta institucional lo llevó incluso a instruirse legalmente para redactar correctamente las denuncias. “Nos dijeron que estaban mal hechas, así que empezamos a formarnos. Somos universitarios, pero aun así los años pasan y los problemas siguen”, concluyó.