Polémica en el Concejo Deliberante: Piden informes por deudas y graves destrozos en un inmueble alquilado por el cuerpo
A través de un proyecto de comunicación, bloques legislativos exigen explicaciones sobre las condiciones de contratación y devolución del edificio de Sarmiento Nº 56, que funcionaba bajo la órbita del Poder Legislativo. Una inspección ocular detectó importantes faltantes de infraestructura, daños estructurales y meses de alquiler adeudados.
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La administración de los recursos y el patrimonio público volvió a encender las alarmas en el ámbito legislativo local. Los bloques Unidad por Chascomús y Unidad por Chascomús / Fuerza Patria presentaron un proyecto de comunicación con el firme objetivo de esclarecer las condiciones de los contratos de locación y las posibles erogaciones económicas derivadas del funcionamiento institucional del Honorable Concejo Deliberante (HCD).
El eje central del conflicto radica en el estado de restitución del inmueble ubicado en la calle Sarmiento Nº 56, el cual dejó de ser utilizado por el cuerpo. La presentación judicial y administrativa advierte sobre la existencia de controversias severas respecto de pagos adeudados, eventuales daños materiales y gastos imprevistos tras la finalización de la relación contractual.
Inmueble devuelto "fuera de término" y con importantes faltantes
De acuerdo con la documentación oficial ingresada formalmente por mesa de entradas el pasado 21 de mayo, los propietarios del edificio dejaron asentada una intimación y reserva de derechos contra la Municipalidad por un "injustificado y excesivo retardo" en la entrega de las llaves. En tal sentido, los locadores exigen el pago inmediato de los meses de febrero, marzo y abril de 2026, los cuales permanecen totalmente impagos.
Sin embargo, el punto más alarmante de la controversia quedó expuesto en un acta de inspección ocular realizada por una firma inmobiliaria local. La tasación técnica determinó que la propiedad fue devuelta en un estado de "marcado deterioro y evidente falta de mantenimiento". Entre las principales anomalías detalladas se encuentran:
- Faltantes de equipamiento: Se constató el robo o retiro injustificado de un calefactor de 6.000 calorías, un termotanque a gas y una cocina de la misma modalidad.
- Daños e infraestructura deficiente: Vidrios rotos en aberturas, un calefactor de 4.000 calorías completamente desarmado, cañerías desconectadas (lavamanos), pérdidas de agua y una bomba elevadora de cisterna totalmente oxidada e inutilizable.
- Higiene y abandono: Suciedad generalizada en los pisos, latas de pintura y restos de cables sueltos, además de bolsones de arena y escombros abandonados en la vereda tras refacciones deficientes.
Cabe destacar que la propia Presidencia del HCD ya había reconocido con anterioridad ciertas demoras en la entrega física de la locación y diferencias respecto de las obligaciones económicas correspondientes.
Los puntos principales del pedido de informes
Frente a este escenario de potencial perjuicio para las arcas públicas, el proyecto de comunicación exige de manera urgente un desglose pormenorizado que incluye:
- Copia íntegra del contrato de Sarmiento Nº 56, detallando los cánones mensuales abonados, partidas afectadas y funcionarios responsables de la firma.
- Transparencia en el nuevo destino: Información completa sobre el contrato de locación vigente del inmueble de la calle Belgrano, especificando montos y partidas.
- Balance de pasivos: Detalle pormenorizado de deudas, servicios impagos, reparaciones o reclamos administrativos o judiciales en curso que pudieran derivar en erogaciones extras para el municipio.
- Documentación de infraestructura: Informes técnicos del HCD respecto de supuestas filtraciones y problemas estructurales que habían sido invocados por la Presidencia como justificación previa.
El dictamen del proyecto establece una cláusula contundente en pos de la transparencia institucional: de comprobarse un perjuicio económico al erario municipal ocasionado por una administración deficiente o negligente, los costos económicos y judiciales deberán ser afrontados con el patrimonio personal de los funcionarios responsables, eximiendo por completo la utilización de los fondos públicos que aportan los vecinos de Chascomús.
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