Nueva ley en debate: buscan acelerar desalojos y reavivan la discusión sobre el acceso a la vivienda
La iniciativa propone reducir plazos y agilizar desalojos, con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica a los propietarios, pero genera preocupación por su posible impacto en el acceso a la vivienda y el aumento de la conflictividad social.
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El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a poner en el centro de la escena una discusión estructural del mercado inmobiliario: cómo equilibrar el derecho de los propietarios con el acceso a la vivienda en un contexto de creciente tensión entre ambas partes.
La iniciativa, actualmente en debate en el Congreso, propone acortar a solo tres días el plazo de intimación por falta de pago y establecer mecanismos más ágiles para recuperar inmuebles. De aprobarse, implicaría un cambio significativo en la dinámica de los alquileres y en la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos.
Un cambio en los tiempos del conflicto
Uno de los puntos clave del proyecto es la reducción de los plazos en los procesos de desalojo. En el esquema vigente, estos trámites pueden extenderse durante meses o incluso años, con distintas instancias que permiten renegociar deudas o regularizar situaciones.
La reforma, en cambio, apunta a acotar esos tiempos y avanzar hacia procedimientos más rápidos, lo que modificaría de manera sustancial la lógica del mercado inmobiliario.
Desde una mirada jurídica, la abogada Bibiana Varela Guijarro, especialista en Derecho Inmobiliario y directiva de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), señaló que la iniciativa busca reforzar la seguridad jurídica del derecho de propiedad y generar mayor previsibilidad para las inversiones.
En ese sentido, explicó que el proyecto no se limita a los desalojos, sino que abarca una reforma más amplia que incluye aspectos vinculados a expropiaciones, regularización dominial, tierras rurales y registros inmobiliarios.
“El objetivo es consolidar un marco más estable que incentive la actividad de la construcción, con impacto directo en la economía”, sostuvo.
Por su parte, Enrique Abatti (h), también directivo de CAPRA, consideró que la reducción de plazos resulta clave para corregir distorsiones del sistema actual. Según indicó, hoy un juicio de desalojo puede demorar entre uno y tres años, lo que desalienta la inversión y termina encareciendo los alquileres.
“El proceso sumarísimo permitiría resolver estos conflictos en un plazo de entre cuatro y seis meses, con un esquema de pruebas más acotado”, explicó, al tiempo que aseguró que no se verían afectadas las garantías constitucionales, ya que en casos de falta de pago el eje probatorio es principalmente documental.
Preocupación por el impacto en los inquilinos
Sin embargo, no todas las voces coinciden con el enfoque del proyecto. La abogada Lucía Otegui advirtió que, si bien la iniciativa apunta a agilizar los procesos, también puede generar tensiones en términos de garantías procesales.
En particular, señaló que la reducción de plazos podría limitar las posibilidades de defensa de los inquilinos y generar conflictos en la implementación.
Desde el sector inquilino, la mirada es aún más crítica. Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, consideró que la propuesta profundiza un escenario ya complejo tras la derogación de la Ley de Alquileres.
Según explicó, la combinación de contratos más cortos, aumentos frecuentes y mayores costos trasladados al inquilino ya dificulta el acceso a la vivienda. En ese contexto, un plazo de tres días para regularizar deudas podría derivar en desalojos acelerados ante cualquier atraso.
“En un contexto de ingresos inestables, ese margen es muy difícil de cumplir para muchas familias”, advirtió, al tiempo que alertó sobre el riesgo de una mayor conflictividad social y una mayor rotación forzada en el mercado de alquileres.
Un impacto con efectos cruzados
El posible impacto de la ley presenta, así, un escenario dual. Por un lado, una mayor previsibilidad jurídica podría incentivar la oferta de propiedades en alquiler y, eventualmente, contribuir a moderar los precios en algunos segmentos.
Por otro, el endurecimiento de las condiciones contractuales y la reducción de los tiempos de negociación podrían elevar las barreras de acceso a la vivienda, especialmente para sectores con ingresos más vulnerables.
El desenlace del debate legislativo y, sobre todo, la forma en que la norma sea aplicada por la Justicia, serán determinantes para evaluar su impacto real.
Según coinciden especialistas, si los tiempos de resolución de desalojos se reducen de manera significativa, el mercado podría ingresar en una nueva etapa más dinámica, aunque también más exigente para quienes alquilan.
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