Por Ximena B. Xiong
Tal como se había anunciado, el miércoles 17 de mayo, en el marco de la semana mundial del parto respetado, se llevó a cabo la Primera Marcha Nacional Contra la Violencia Ginecobstétrica y Neonatal. Parto Respetado Chascomús y organizaciones locales adhirieron a la jornada.
Con epicentro en el Congreso de la Nación, distintas localidades del país viajaron hasta capital y también concentraron en sus plazas para alzar la voz y visibilizar la violencia ginecobstétrica y neonatal. Además de exigir al Estado respuestas y medidas urgentes.
Con más de 40 organizaciones concentradas frente al Congreso de la Nación y más de 60 adhesiones, Chascomús tuvo su marea roja bajo el eslogan “La revolución de las flores rojas” frente al Centro Cultural Municipal Vieja Estación, encabezado por el colectivo por Parto Respetado Chascomús.
Reunidas en la vieja traza ferroviaria, integrantes del colectivo y organizaciones locales colocaron banderas para decir “Basta de violencia ginecobstétrica y neonatal”, acompañadas de flores rojas como símbolo para tener presentes y honrar a todas las personas gestantes víctimas de violencia ginecobstétrica.
Acompañadas del cancionero de la Primera Marcha Nacional Contra la Violencia Ginecobstétrica y Neonatal, procedieron a leer la declaración conjunta, firmada por más de 60 organizaciones, titulada “Abortar, gestar, parir, amamantar y nacer sin violencia”.
El mismo expresa: “Nos unimos para alzar la voz y visibilizar esta forma de violencia. Para contar a toda la sociedad lo que está sucediendo y para exigir al Estado, a través de sus diversos poderes, respuestas y medidas urgentes”, debido a que organizaciones sociales, agrupaciones y personas de la sociedad civil “venimos luchando para visibilizar y erradicar la violencia que sufrimos al momento de la consulta ginecológica, de abortar, de gestar, de parir y de nacer”.
En ese aspecto, exigieron sanciones de proyectos de ley considerados fundamentales para cambiar el paradigma asistencial, entre ellos la ley de capacitación obligatoria al personal de salud en violencia ginecobstétrica (6103-D-2022) “por una capacitación obligatoria con perspectiva de género y derechos humanos”, y la ley de nuevo ejercicio profesional de los y las licenciadas en obstetricia (2057-D-2022 y 2305-D-2022).
Asimismo, ley de casas de partos (0462 – D- 2022), en la que se plantea “un nuevo paradigma de asistencia a las personas gestantes en sus partos y nacimiento de sus bebés con perspectiva de género y derechos humanos”, siendo una opción para las mujeres y personas gestantes, “que garanticen la libertad de elección en sus partos, en entornos seguros, articulados con el sistema de salud, ofreciendo un nuevo espacio para el desarrollo y la atención integral de la salud perinatal”.
Y en relación a ello, la ley de puericultoras (1029-D-2022), “porque si la lactancia es un derecho, las puericultoras deben tener ley. Resulta una hipocresía hablar del derecho a la lactancia humana, cuando es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones de posibilidad para que todas las personas que elijan amamantar cuenten con el apoyo necesario para iniciar y sostener sus lactancias en el tiempo, por eso afirmamos que se debe reconocer a las puericultoras como personal de salud indispensable en la atención perinatal”.
Otro de los reclamos fueron las políticas públicas, donde se exigió la creación de un programa específico para lograr la erradicación definitiva de la violencia ginecobstétrica en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que “realice políticas públicas para prevenir la violencia ginecobstétrica, garantice cuidados a quienes la sufrieron, facilite los mecanismos de denuncias y que vele por que mecanismo de sanción, reparación y garantía de no repetición”.
De igual manera, “creación de Protocolos de Atención a Víctimas de Violencia Ginecobstétrica y Neonatal, es decir, procedimientos claros y unificados para quejas, reclamos o ‘denuncias’ de carácter administrativo”.
En cuanto al tercer punto referido a justicia, solicitaron la liberación de todas las personas presas por eventos obstétricos, donde subrayaron “la inconstitucionalidad de las carátulas de homicidios agravados por el vínculo ante situaciones de emergencias obstétricas, así como la violación de confidencialidad y el secreto médico, algo que se repite en todos los procesos contra mujeres criminalizadas por gestar”.
“Denunciamos el engranaje persecutorio y la complicidad entre el sistema médico hegemónico y el poder judicial. Exigimos un abordaje con perspectiva de género y derechos humanos en el proceso judicial ¡La emergencia obstétrica no es delito!”, manifestaron en la declaración conjunta.
Por otro lado, hicieron hincapié que en la Argentina no se cuenta con cifras oficiales sobre violencia ginecobstétrica porque “los Estados no abordan esta problemática con el criterio adecuado y, por lo tanto, no relevan la información pertinente”, siendo las únicas cifras nacionales fiables las recompiladas por organizaciones de la sociedad civil como Las Casildas y el Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina.
“En un relevamiento realizado en 2017, se encontró́ que un 76,1% de las mujeres encuestadas sufrió́ un impacto en su estado emocional y psicológico, un 48,7% dijo haber sufrido secuelas en su salud sexual y reproductiva y, un 43,8% contó que el maltrato en el parto le generó dificultades en el vínculo con su hijo, hija o hije”, señalan en la declaración.
“Y, si tomamos en cuenta las pérdidas gestacionales y perinatales -prosigue-, el 76% de las mujeres desarrollan estrés postraumático y el 50% ideación suicida, siendo la mayor causa la visibilización de sus pérdidas, más que la pérdida en sí misma”.
Al respecto, hace un año el Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina lanzó un dispositivo de acompañamiento, es decir, una guardia de atención telefónica para aquellas personas que sufrieron violencia obstétrica, al cual se puede acceder solicitando la grilla con horarios y datos de contacto en el Instagram de @ovoargentina o al mail [email protected].