La educación pública argentina en disputa: cuando el Estado se retira y el futuro queda a la deriva
La educación pública argentina vuelve a estar en el centro de una avanzada política que, lejos de fortalecerla, amenaza con desarticular uno de los pilares históricos de la cohesión social y el desarrollo nacional. El proyecto de “Ley de Libertad Educativa” impulsado por el gobierno de Javier Milei no es una reforma más: es un intento profundo de reconfigurar el sistema educativo bajo la lógica del mercado, desplazando al Estado de su rol central y transformando un derecho social en un bien de consumo.
Bajo el discurso seductor de la “libertad de elección”, la iniciativa propone un giro radical: el Estado deja de ser garante pleno del derecho a la educación para asumir una función meramente subsidiaria. En ese esquema, la escuela pública pierde centralidad, los docentes dejan de ser los únicos profesionales habilitados para enseñar y se abre la puerta a modalidades como el homeschooling, trasladando a las familias responsabilidades que históricamente fueron colectivas.
El cambio no es menor. En un país donde más del 70% de los estudiantes asiste a instituciones públicas, debilitar el sistema estatal implica profundizar desigualdades ya existentes. El financiamiento de la demanda —a través de vouchers, becas o bonos— introduce una lógica de competencia entre escuelas por captar alumnos y recursos, generando rankings, segmentación educativa y un escenario donde las instituciones con mayores ventajas de origen sobreviven, mientras las más vulnerables quedan relegadas.
La escuela deja de ser comunidad para convertirse en mercado.
Este modelo no solo desconoce la tradición de la educación pública, laica y gratuita que forjó generaciones desde los tiempos de Sarmiento, sino que también ignora el rol social insustituible de la escuela como espacio de encuentro, socialización y construcción colectiva del conocimiento. Aprender no es solo adquirir contenidos mínimos evaluables: es convivir, debatir, escuchar al otro y formarse como ciudadano. Nada de eso puede garantizarse desde la fragmentación del aula o la virtualidad permanente.
La habilitación de la educación en el hogar, presentada como una opción más, es en los hechos una alternativa profundamente desigual. Requiere capital cultural, tiempo, recursos económicos y condiciones que están lejos de ser universales. Lejos de democratizar, elitiza. Lejos de incluir, excluye.
A esto se suma la desvalorización del rol docente. La reforma propone una peligrosa idea: que cualquiera puede enseñar, de cualquier manera, sin formación pedagógica ni respaldo institucional. Se erosiona así la profesionalización docente y se vacía de sentido una tarea clave para el desarrollo social.
El trasfondo ideológico es claro. La propuesta responde a una concepción anarcocapitalista que concibe a la educación como un servicio y no como un derecho, y al Estado como un obstáculo antes que como un garante de igualdad. En nombre de la eficiencia y la libertad, se desmantela una estructura que, con todas sus falencias, sigue siendo una de las principales herramientas de movilidad social en la Argentina.
Las advertencias no provienen solo del ámbito político. Especialistas en educación, universidades, sindicatos docentes y amplios sectores de la comunidad educativa coinciden en señalar que el proyecto no resuelve los problemas reales del sistema: la falta de inversión sostenida, la pérdida salarial, las desigualdades territoriales y la necesidad de mejorar la calidad educativa con más Estado, no con menos.
El debate que se avecina no es técnico ni menor. Está en juego el modelo de país. Desarmar la educación pública es hipotecar el futuro, porque no hay desarrollo posible sin un sistema educativo fuerte, inclusivo y presente en cada rincón del territorio. Cuando el Estado se retira del aula, lo que avanza no es la libertad: es la desigualdad.
Y sus consecuencias, como la historia enseña, se pagan por generaciones.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión