Inmobiliarias rurales se oponen a un proyecto para regular el uso de suelos

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) expresó su “preocupación” luego de que se conociera un anteproyecto de ley del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba) que busca declarar de “interés público” el cuidado de los suelos y el agua.

La propuesta, que ya fue expuesta en el Senado provincial, generó fuertes críticas de entidades rurales y dirigentes políticos, que la calificaron como una iniciativa que “atenta contra la propiedad privada”, “instala un esquema de control estatal” y podría sumar “más trabas y burocracia” a la producción.

Uno de los artículos que encendió el debate es el que declara de “interés público” la protección de los suelos y el agua agropecuaria y forestal “a efectos de mantener y/o mejorar su capacidad productiva y su funcionalidad en el ecosistema”.

“Realizamos un amplio llamado a todas las instituciones afines al mercado rural con el fin de no generar situaciones que atenten contra el desarrollo y crecimiento de nuestro país”, señaló en un comunicado la CAIR. Y agregó que “nadie se puede subrogar el derecho a legislar sobre el buen uso del suelo subestimando a las fuerzas del campo y de los productores”.

La norma en cuestión, que recibió el rechazo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), busca evitar que se use para la producción agropecuaria y/o forestal aquellos suelos no aptos para ello o que se encuentren en un estado de degradación que así lo requiera a efectos de procurar su recuperación. También se contempla la presentación de planes para la conservación del suelo y la creación de un fondo estatal para la actividad con financiamiento del presupuesto.

Tras pedir la desestimación de la iniciativa, la CAIR señaló que “el crecimiento de la República Argentina solo será posible con las fuerzas individuales de los trabajadores que apuestan a la producción basados en el conocimiento, la creatividad y la inversión permanente. Solo se necesitan reglas claras y seguridad jurídica que perduren en el tiempo”. (DIB)