La Justicia laboral dictó una medida cautelar en la que suspendió los puntos vinculados al trabajo en el decreto de necesidad y urgencia 70/23 anunciado por el presidente Javier Milei.
La decisión fue tomada por la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tras la apelación de la Confederación General del Trabajo (CGT) a la decisión de desestimar la cautelar del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 69.
Ahora, la Cámara del Trabajo decretó la cautelar por mayoría integrada por Alejandro Sudera y Andrea García Vior, y suspendió las modificaciones laborales planteadas en el mega DNU.
Tras su exposición en el fallo, Sudera señaló que “se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo” del DNU hasta que “recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo”.
García Vior se mostró en coincidencia con Sudera, mientras que la jueza Dora González votó en disidencia y se mostró a favor de “disponer la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para la elucidación de la contienda de competencia”.
El DNU de Milei plantea múltiples derogaciones y modificaciones de normativas laborales. Entre sus puntos más polémicos están la ampliación del periodo de prueba hasta los 8 meses, la posibilidad de despidos por medidas de fuerza como bloqueos o tomas y reducciones en las indemnizaciones.
La medida cautelar fue celebrada por la CGT a través de un comunicado en el que señaló que “esta decisión judicial pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores”.
Ahora, según le adelantaron fuentes oficiales al diario Clarín, el Gobierno apelará a la decisión de la Cámara del Trabajo e insistirá en que el tema es de competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y no del fuero laboral. Así lo había entendido el fiscal del fuero del trabajo Juan Manuel Domínguez.
La apelación del Gobierno se realizará a través del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, quien reclamará por la vigencia del DNU.
Si la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal acepta la competencia del caso surgirá un conflicto con la Cámara del Trabajo. En este caso, la Corte debería decidir a quién le corresponde tratarlo. (DIB) MT
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