Facturas bajo sospecha: Suizo Argentina, Osprera y la lupa judicial sobre una caja sindical

La intervención de Osprera abrió una caja que ahora revisa la Justicia. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, la obra social de los trabajadores rurales giró más de $7700 millones a la droguería Suizo Argentina, empresa investigada en otra causa por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Los pagos, dispuestos durante la gestión del interventor Marcelo Carlos Petroni, incluyeron medicamentos de alto costo y convenios capitados para tratamientos oncológicos.

Según registros internos, fueron 193 las facturas abonadas en apenas cinco meses. El flujo fue irregular, pero sostenido: $667 millones en noviembre, $2500 millones en diciembre, $1395 millones en enero (con 101 transferencias), $629 millones en febrero y $2491 millones en marzo. La droguería de la familia Kovalivker quedó así entre los principales proveedores del sistema sindical de salud.

El 23 de enero de este año, Petroni firmó un acta acuerdo con Suizo Argentina para establecer un plan de pagos sobre la deuda acumulada hasta diciembre de 2024. La empresa se comprometió a garantizar el abastecimiento de medicamentos, mientras la obra social prometía cancelar las nuevas facturas en un plazo de 60 días. Según reconstruyó el diario La Nación, la deuda actual ronda los $3000 millones.

“La intervención recibió a Osprera con un pasivo total de $97.000 millones y un pasivo corriente de $5000 millones mensuales que ya se bajó en más de 50%”, aseguraron desde la conducción. También negaron que exista trato preferencial con ningún proveedor.

Chats, contratos y un decreto ignorado

El fiscal federal Guillermo Marijuan, que ya investiga a Suizo Argentina en la causa de Andis, también avanza sobre las contrataciones de Osprera. En el expediente figuran mensajes de WhatsApp que revelan vínculos políticos entre Petroni y referentes libertarios. En uno de los chats, el interventor escribe a Sergio Andrés Aguirre, socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem: “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”. En otro mensaje afirma: “Nosotros somos Lule y Karina”.

Aguirre aparece también como fundador de la firma HTech Innovation, beneficiaria de un contrato con Osprera a partir de noviembre de 2024. Según documentos oficiales, la empresa facturó $40.251.879 y $7.733.119 en pagos iniciales, y mantiene un vínculo vigente por $16 millones mensuales. La firma figura como socia de TR Nutrition, dedicada a suplementos dietarios, que aparece en la declaración jurada de Martín Menem.

Mientras tanto, el Gobierno había emitido el decreto 1045/24 con una “Guía de buenas prácticas para interventores”. El texto prohíbe pagar deudas anteriores a la intervención sin una auditoría previa que verifique su legitimidad. La lupa judicial apunta ahora a determinar si esas normas fueron cumplidas.

Cambios en el sistema de compras

Petroni modificó el mecanismo de adquisición de medicamentos. Reemplazó las compulsas “telefónicas” por licitaciones cuatrimestrales a sobre cerrado ante escribano público. En la primera compulsa, realizada el 31 de julio, participaron 16 droguerías. Según La Nación, Suizo Argentina quedó tercera en medicamentos de alto costo en general y primera en oncología.

En paralelo, el nombre de la droguería volvió a aparecer vinculado al escándalo de los audios que derivaron en la renuncia del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo. Las conexiones se multiplican: misma empresa, mismos intermediarios, mismas cajas. La obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, con 500.000 afiliados y uno de los presupuestos más grandes del sistema, quedó en el centro del radar judicial.

El otro frente: la intervención de Uatre

Pero Marijuan no sólo investiga los pagos millonarios a la droguería Suizo Argentina. También lleva adelante otra causa que expone el entramado político, gremial y empresarial en torno a la Uatre y su obra social, por una denuncia presentada en febrero por el actual secretario general del sindicato, José Voytenco.

Ese expediente apunta directamente al plano sindical. Hace pocos días, el fiscal pidió la declaración indagatoria del diputado nacional Pablo Ansaloni, acusado de participar en un “plan criminal” para intervenir el gremio y recuperar poder tras su derrota electoral en 2022, en una maniobra atribuida a su socio político y sindical, el operador Fernando Antúnez, quién estuvo a cargo de Osprera durante la gestión de Ramón Ayala.

Según la denuncia, el objetivo fue desplazar a la conducción electa mediante maniobras políticas y operativas que habilitaran la intervención estatal, concretada en agosto de 2024. Desde entonces, la obra social Osprera quedó bajo control del Gobierno, primero con Virginia Montero al frente y luego con Marcelo Carlos Petroni, abogado cercano a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia.

Fue precisamente a partir de esa intervención estatal que se produjeron las 193 facturas hoy bajo la lupa judicial.

En abril de este año, en tanto, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó una medida cautelar solicitada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar en la intervención de la UATRE y no logró desplazar a Voytenco.