Es llamativo que esta medida se haya comunicado en un marco de optimismo oficial por la marcha de la economía. La realidad es que la inflación alcanzó más del 62 % en tres meses y 36,6 % en lo que va del año, cayeron las ventas entre 30 y 60 % y por consiguiente se desplomó a industria local, principalmente Pyme, que se debate entre el inicio de suspensiones y despidos o el cierre definitivo.

La entidad señala que al mal diagnóstico se agrega mala praxis. Se pretende disciplinar a las grandes corporaciones recurriendo a la liberalización importadora, con beneficios impositivos para las multinacionales que ingresarán sus productos al país, en gran medida y gracias a las restricciones vigentes en la forma de pagos de las importaciones, provenientes de las casas matrices de esas mismas empresas que aumentan los precios localmente. Es decir, se beneficia el trabajo extranjero mientras se da un golpe de gracia a la producción y el trabajo locales.

APYME advierte además que el Gobierno reconoce indirectamente, de este modo que una de las principales causas de la inflación son los abusos de los grandes grupos formadores de precios (no la emisión monetaria) favorecidos por la desregulación y la falta de controles que avala el inconstitucional DNU 70/ 2023.

En comunicación con InfoGEI, una fuente de la entidad gremial empresaria manifestó que es urgente que el Gobierno escuche y “vea” a la multiplicidad de actores económicos y sociales que le están reclamando frenar la devastación económica que las actuales medidas están generando, debatir los proyectos de ley en el Congreso y emprender una indispensable recomposición social y productiva, único camino para que el conjunto de los habitantes del país pueda aspirar a una vida digna, concluye el comunicado de Apyme.(InfoGEI)Ac