La medida está orientada a pequeñas y medianas empresas que se encuentran en problemas para abastecer su producción y quisieran declarar fondos tanto en el exterior como “debajo del colchón”.
En rigor, en el artículo 72 del proyecto de ley se incluyó un mecanismo que permitirá a las empresas un blanqueo de dinero no declarado para el caso que deba ser destinado al pago de importaciones, un pedido que realizaron cámaras empresariales al Gobierno la semana pasada.
Este artículo se incluirá dentro de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda (Nº 27.679), que fue promulgada en agosto pasado y extendió por un año el Régimen de Blanqueo para la Construcción.
Además, se incorporaría que los fondos que se declaren en el marco del Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina también podrán destinarse a la adquisición de un inmueble usado que sea afectado con destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia o por un plazo no inferior a 10 años, a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia (hasta ahora era solo para proyectos en construcción con avances de hasta 50%).
El objetivo sería reactivar el sector inmobiliario y reducir el valor de los alquileres. “En ambos supuestos, su valor de adquisición deberá resultar igual o inferior a dos veces el importe previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, vigente al 31 de diciembre del período fiscal inmediato anterior al de la mencionada adquisición”, aclara el proyecto de norma.
Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) venían solicitando hace tiempo que las obras usadas ingresaran en el blanqueo en un momento de muy baja actividad para el sector. Sin embargo, no estaban al tanto de la inclusión de este artículo en el proyecto de Presupuesto.
El proyecto fue girado por el Gobierno y está firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Economía, Sergio Massa. En los fundamentos, el oficialismo señala que el “presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno”. (DIB)
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