El Gobierno continúa con la reglamentación de los diferentes apartados de la Ley Bases, que aprobó a fines de julio el Congreso, y en la madrugada de este viernes compartió los detalles referidos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el mecanismo con el que busca atraer inversiones del exterior y reactivar la economía de cara al próximo año.
Según se destaca en los considerandos del Decreto 749/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, el RIGI, uno de los puntos más controvertidos de la Ley Bases, es “una herramienta para atraer inversiones significativas para la economía nacional, que de lo contrario no se desarrollarían”. Criticado por una parte de la oposición, otorga una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para empresas que inviertan en el país.
El documento sostiene, además, que permitirá que Argentina “asuma nuevamente la condición de proveedor mundial de bienes y servicios en condiciones de calidad y competencia y, a través de ello, contribuir a la prosperidad y el progreso de la Nación”.
El Gobierno explicó también que, entre los objetivos prioritarios del RIGI, está “generar las condiciones de previsibilidad, estabilidad y competitividad necesarias para atraer Grandes Inversiones”, y que se encuentra destinado a que las “inversiones se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinados sectores no podrían desarrollarse con el dinamismo deseado”.
En ese marco, el Artículo 1° de la normativa estableció la “aprobación de la Reglamentación de los artículos 164 a 228 del Título VII – Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742, la que, como ANEXO (IF-2024-90250146-APN-SPEN), forma parte integrante del presente”.
El Artículo 2°, en tanto, indicó que “las normas complementarias a la presente reglamentación deberán ser dictadas por parte de la Autoridad de Aplicación, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central de la República Argentina y demás Secretarías y reparticiones en el ámbito de sus competencias, en un plazo máximo de 30 días corridos a contar desde la publicación de esta reglamentación”.
El RIGI, en específico, propone incentivos relevantes y necesarios, principalmente en materia fiscal y aduanera, para vehículos titulares de un único proyecto (VPU). Además, les otorga garantías que brindan certidumbre y seguridad jurídica a las inversiones. Los VPU deben ser titulares de una o más fases de un único proyecto que cumplan los requisitos para calificar como Gran Inversión. Este tipo de inversión se define como aquella que alcanza al menos US$200 millones, con un desembolso mínimo del 40% del capital en los dos primeros años y un plan de repago a largo plazo.
La ley establece beneficios extraordinarios para diversos sectores, entre los cuales se destaca el energético. Los otros sectores que contempla el régimen son la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, siderurgia, petróleo y gas. Si la inversión es igual o superior a US$1000 millones y permite posicionar a la Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados en los que aún no tenga participación relevante, puede ser calificada como de “Exportación Estratégica de Largo Plazo” y obtener los beneficios e incentivos adicionales.
El vehículo que cumpla con estos requisitos y se registre en el RIGI, se beneficiará de importantes incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios. Los principales incentivos son tributarios, que incluyen la reducción de la alícuota al impuesto a las ganancias al 25%, la amortización acelerada de las inversiones, una mayor flexibilidad en la deducción de quebrantos, y una reducción temporaria del impuesto a los dividendos.
Fuentes oficiales también sostuvieron que hay proyectos por alrededor de US$ 50.000 millones en espera y que el Gobierno tiene en el radar al menos US$ 39.000 millones que asegura podrían concretarse pronto. (DIB)