El Estado se desprende de su patrimonio: polémica por la venta del terreno más codiciado del Ejército en Palermo

El proceso de venta de activos del Estado volvió a generar controversia tras la reciente subasta de uno de los terrenos más valiosos de la Ciudad de Buenos Aires, propiedad del Ejército Argentino y, por extensión, de todos los argentinos.

La empresa Consultatio, del empresario Eduardo Costantini, se adjudicó el predio ubicado sobre la calle Cerviño, entre Bullrich y Dorrego, en el barrio de Palermo, con una oferta de U$S 127 millones por los 42 mil metros cuadrados. La cifra superó ampliamente el precio base de U$S 81,7 millones fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Se trata de un terreno colindante con el Regimiento de Infantería 1 Patricios, actualmente concesionado a la firma chilena Cencosud, que allí opera los hipermercados Easy y Jumbo, además del paseo comercial Portal Palermo.

Una subasta entre pocos y sin claridad sobre el destino del dinero

La operación se concretó bajo la administración de Javier Milei, como parte de un proceso de “desinversión estatal” que, según el Gobierno, busca “generar liquidez y eficiencia”. Sin embargo, no se ha informado públicamente a qué fines concretos serán destinados los fondos obtenidos por la venta.

En la subasta participaron tres desarrolladoras: Consultatio, Simali S.A. (junto a Raghsa) y Gepal S.A.. Cencosud, a pesar de ser la actual concesionaria, decidió no intervenir. La puja fue cerrada: Simali ofertó hasta U$S 124,9 millones, mientras que Gepal alcanzó los U$S 123,6 millones.

Costantini celebró el resultado asegurando que su empresa buscará desarrollar “un distrito de arte, diseño y arquitectura”. Sin embargo, detrás del discurso de renovación urbana surgen preguntas inevitables: ¿debe el Estado desprenderse de sus mejores propiedades en un contexto de crisis? ¿Quién controla el uso y la trazabilidad de los millones que ingresan al erario público?

Un patrimonio nacional en venta

El terreno vendido forma parte del histórico complejo militar del Ejército Argentino, y su desafectación fue autorizada por el Decreto 225/2017, durante la gestión de Mauricio Macri. Desde entonces, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) habilitó el proceso que finalmente se concretó este año.

A pesar de ello, hubo intentos políticos y judiciales por frenar la venta. El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo, argumentando que el inmueble posee “interés histórico, cultural y militar” y que su enajenación no puede resolverse mediante un simple acto administrativo. La jueza María Alejandra Biotti desestimó la cautelar por “falta de legitimación activa”.

En paralelo, el Senado había dado media sanción a un proyecto impulsado por el senador Pablo Blanco para declarar el predio como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”, aunque la iniciativa aún no fue tratada en Diputados.

Entre la especulación y el olvido

El caso de Palermo no es aislado: se suma a una serie de operaciones recientes que ponen en venta propiedades emblemáticas del Estado nacional, muchas de ellas en zonas estratégicas de alto valor inmobiliario. Detrás de cada subasta, surgen las mismas dudas: ¿se trata de un plan para sanear las cuentas públicas o de un desguace del patrimonio común?

Mientras tanto, el capital privado avanza sobre terrenos públicos bajo la promesa de “revalorizar” zonas urbanas. Sin embargo, lo que parece quedar fuera del debate es la pérdida de soberanía patrimonial y la opacidad en el destino de los recursos.

En el caso de Palermo, los 127 millones de dólares que ingresarán al Estado parecen un número impresionante. Pero la pregunta central persiste: ¿cuánto vale realmente un pedazo de historia nacional cuando se mide solo en dólares?