Disuelven el Procrear y abren la puerta al negocio privado de la vivienda

Con la publicación de la Resolución 764/2025 en el Boletín Oficial, el gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Se trata del paso final de una decisión tomada meses atrás mediante el Decreto 1018/2024, rubricado en noviembre pasado. La medida, presentada como un esfuerzo por reducir “cargas” sobre el Estado, esconde detrás una transferencia de funciones estratégicas al sector privado y favorece de manera directa a uno de los empresarios más cercanos al presidente Javier Milei: Eduardo Elsztain.

Según los considerandos de la normativa, el programa de acceso a la vivienda se había transformado en una “pesada carga” para las cuentas públicas y presentaba “dificultades de fiscalización”. En un giro discursivo que ya es moneda corriente en la actual gestión, el Estado asume su propia supuesta ineficacia como justificación para retirarse de una política pública esencial, en este caso, el derecho al hábitat. La construcción de viviendas, señalan, debe quedar en manos de los bancos comerciales, sin que el Estado “intervenga directamente”.

Esta definición no sólo marca un viraje ideológico, sino que consolida un esquema de negocios altamente concentrado. Aunque el fondo fiduciario desaparece, la administración de los créditos ya otorgados quedará en manos del Banco Hipotecario S.A., a través de un contrato directo —sin licitación ni competencia— con el Ministerio de Economía. Lo llamativo es que uno de los principales accionistas del Banco Hipotecario es IRSA Inversiones y Representaciones S.A., el holding de Eduardo Elsztain, empresario de vínculos estrechos con el presidente Milei.

Elsztain, además de presidir IRSA, es presidente del directorio del Banco Hipotecario y fue anfitrión del entonces candidato presidencial en el Hotel Libertador, donde Milei montó su búnker durante la campaña y los primeros meses de gestión. Este vínculo personal cobra otra dimensión cuando se analiza el contexto en el que se produce la disolución del Procrear: mientras el Estado renuncia a su papel en la producción de viviendas para sectores medios y populares, los negocios inmobiliarios de IRSA se reactivan a un ritmo acelerado.

Uno de los ejemplos más contundentes es Ramblas del Plata, el megaproyecto que IRSA desarrolla en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, al sur de Puerto Madero. Este emprendimiento, valuado en 1.800 millones de dólares, estuvo frenado durante años por conflictos legales y ambientales, dado que impacta de lleno sobre un área protegida frente a la Reserva Ecológica Costanera Sur. Sin embargo, en apenas tres meses de la gestión libertaria, la empresa logró vender más del 70% de los lotes de la primera etapa, recaudando más de 60 millones de dólares.

La velocidad con la que se destraban los negocios privados contrasta con el cierre de un programa que permitió el acceso a la vivienda a miles de familias en todo el país. El informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), utilizado como argumento para justificar la disolución, menciona falencias administrativas, demoras en las entregas y problemas de fiscalización, pero en ningún caso propone mejorar o reforzar los mecanismos de control, sino que recomienda lisa y llanamente la desaparición del fondo. La conclusión parece clara: se renuncia a mejorar lo público para dar paso a lo privado.

La pregunta que queda en el aire es a quién beneficia esta política. Mientras miles de familias ven clausurada una posibilidad concreta de acceder a la vivienda propia, el empresario más cercano al poder concentra contratos millonarios con el Estado y expande su imperio inmobiliario sobre tierras públicas y áreas protegidas. Lejos de combatir privilegios, el gobierno parece haber optado por concentrarlos en manos amigas.