Crisis institucional en el Concejo Deliberante: cuando la política se aleja de la gente
Una polémica decisión de la mayoría opositora reaviva tensiones en el deliberativo local y expone una preocupante deriva: el órgano que debería canalizar las demandas ciudadanas corre el riesgo de convertirse en un campo de disputas estériles, con posible intervención judicial y parálisis institucional.
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El Concejo Deliberante de Chascomús atraviesa uno de esos momentos que obligan a preguntarse, sin rodeos, para qué existe. Lo que debería ser un ámbito de debate democrático, pluralista y representativo —donde las distintas voces de la comunidad encuentran eco— hoy aparece desdibujado por internas políticas que no sólo empobrecen la discusión, sino que amenazan con vaciar de sentido su función esencial.
La reciente aprobación del Decreto 248, impulsada por la mayoría opositora —integrada por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y el GEN— y avalada por la Presidencia del cuerpo, a cargo de Oscar Toledo, encendió una fuerte polémica. La medida modifica el reglamento interno para excluir a la primera minoría —en este caso, el oficialismo— de la integración de las comisiones, un hecho de extrema gravedad institucional si se lo analiza en términos democráticos.
No se trata aquí de una simple diferencia reglamentaria. El problema es más profundo: las comisiones son el corazón del trabajo legislativo. Es allí donde se analizan, discuten y perfeccionan los proyectos que luego impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos. Excluir a un sector representativo de ese proceso no sólo vulnera el equilibrio político, sino que también debilita la calidad institucional.
El agravante es el modo en que se concretó la decisión. La votación “sobre tablas”, sin dictamen previo de la Comisión de Reglamento y Asuntos Legales —tal como exige el propio artículo 137 del reglamento—, expone una práctica que bordea la irregularidad. En ese contexto, el oficialismo, alineado con el intendente Javier Gastón, optó por retirarse de la sesión y avanzar con un planteo de revisión de legalidad que podría escalar hasta la Suprema Corte bonaerense.
De concretarse esa instancia judicial, el conflicto dejaría de ser político para transformarse en institucional. Y allí aparece el mayor riesgo: la posible paralización del Concejo Deliberante. Un escenario que no sólo perjudica a los actores políticos, sino que golpea de lleno a la ciudadanía, que queda sin el funcionamiento pleno de su órgano legislativo.
Pero más allá de la disputa puntual, lo que subyace es una preocupante degradación del rol del Concejo. Cuando las mayorías circunstanciales utilizan su poder para imponer decisiones sin consensos básicos ni respeto por las reglas, la democracia pierde densidad. Y cuando las minorías quedan relegadas o directamente excluidas, el pluralismo deja de ser una práctica real para convertirse en una declaración vacía.
En este marco, también resurgen cuestionamientos hacia la conducción del cuerpo. La figura de Toledo, en apenas meses de gestión, ha quedado envuelta en diversas controversias: desde decisiones administrativas discutidas —como el traslado de oficinas a espacios céntricos— hasta episodios de exposición interna que rozan prácticas poco saludables para la convivencia política.
Lo ocurrido en la última sesión no es un hecho aislado, sino la continuidad de una lógica que ya había mostrado antecedentes en la propia designación de autoridades del Concejo, también atravesada por modificaciones reglamentarias impulsadas por una mayoría circunstancial.
Así, el deliberativo local parece haber ingresado en una dinámica donde las reglas se reinterpretan según la conveniencia del momento. Y en ese juego, lo que se pierde es mucho más que una discusión política: se erosiona la confianza pública en las instituciones.
El Concejo Deliberante no puede ni debe ser un escenario de maniobras tácticas permanentes. Su razón de ser es otra: representar a la comunidad, canalizar sus demandas y construir consensos que permitan mejorar la vida de los vecinos. Cuando ese objetivo se diluye en disputas internas que sólo conducen a tribunales o a la parálisis, la política deja de cumplir su función social.
Chascomús, como cualquier comunidad, necesita un Concejo activo, plural y respetuoso de las reglas. Lo contrario —un cuerpo enfrascado en conflictos de poder— no sólo no resuelve problemas: los agrava.
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