Con apoyo del PRO y la UCR, Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares en medio de fuertes críticas por el impacto ambiental y el avance de intereses mineros
El oficialismo de Javier Milei logró sancionar la norma con el respaldo de aliados políticos y gobernadores de provincias mineras. La oposición denuncia que se ponen en riesgo los glaciares y el agua, y anticipa una batalla judicial.
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En una sesión extensa y cargada de tensión política, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección de reservas hídricas en la Argentina. La iniciativa fue impulsada por el gobierno de Javier Milei y logró 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una votación que dejó expuestas profundas divisiones políticas y encendió alarmas en sectores ambientales.
La aprobación fue celebrada por el oficialismo como un paso necesario para atraer inversiones, pero duramente cuestionada por la oposición, que denunció un “retroceso ambiental” y anticipó que la ley será llevada a la Justicia por presunta inconstitucionalidad.
Cambios en una ley clave para el agua
El eje de la reforma radica en una redefinición del alcance de protección de los glaciares. A partir de ahora, solo quedarán estrictamente protegidas aquellas formaciones que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca.
Además, se otorga a las provincias un rol central en la elaboración del inventario de glaciares, una herramienta fundamental para determinar qué áreas quedan bajo resguardo.
Para los sectores críticos, estos cambios implican una flexibilización que podría habilitar actividades extractivas —especialmente mineras— en zonas hasta ahora protegidas, incluyendo áreas periglaciares clave para la regulación del agua.
Quiénes apoyaron la reforma
El respaldo a la iniciativa estuvo conformado por:
La Libertad Avanza (oficialismo)
PRO
UCR
Bloques provinciales y aliados, entre ellos:
Legisladores alineados con Osvaldo Jaldo
El espacio de Raúl Jalil
Diputados de San Juan cercanos a Marcelo Orrego
Integrantes de Innovación Federal (Misiones, Salta, Río Negro, entre otros)
Parte del interbloque dialoguista “Unidos”
Incluso algunos diputados peronistas acompañaron la iniciativa, lo que evidenció divisiones internas dentro de la oposición.
Críticas: “un retroceso ambiental”
Las voces en contra coincidieron en advertir que la reforma pone en riesgo recursos estratégicos, particularmente el agua dulce almacenada en glaciares, considerada vital para el consumo humano y la producción.
El diputado Máximo Kirchner fue uno de los más duros: calificó la iniciativa como “entreguista” y cuestionó que se modifique una ley sin fundamentos técnicos sólidos.
En la misma línea, Miguel Ángel Pichetto advirtió que no existen argumentos científicos que justifiquen los cambios y sostuvo que la norma “será discutida en la Corte Suprema”.
También desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro denunció que la reforma busca habilitar proyectos que hoy no podrían desarrollarse, y lanzó una frase contundente: “Estamos convirtiendo al Congreso en un templo de mercaderes”.
Defensa oficial: inversiones y desarrollo
Desde el oficialismo, los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz defendieron la reforma al asegurar que no se elimina la protección de los glaciares, sino que se busca “ordenar” su alcance.
En esa línea, argumentaron que la normativa permitirá compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo económico, especialmente en regiones donde la minería representa una fuente clave de ingresos.
Un debate que recién empieza
Más allá de la aprobación legislativa, el conflicto está lejos de cerrarse. Organizaciones ambientales, sectores políticos y especialistas ya anticipan presentaciones judiciales para frenar la aplicación de la ley.
En el trasfondo, el debate expone una tensión estructural en la Argentina: el equilibrio entre la explotación de recursos naturales —como el litio y otros minerales estratégicos— y la preservación de bienes esenciales para la vida, como el agua.
La reforma de la Ley de Glaciares no solo redefine ese equilibrio, sino que abre una nueva etapa de disputa política, ambiental y judicial en el país.
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