Chascomús: galgueros, impunidad y una ley que no protege

Por más que el Comando de Prevención Rural actúe con celeridad y compromiso, los hechos se repiten. La caza furtiva, el ingreso ilegal a propiedades privadas y la violencia contra la fauna persisten, mientras la justicia parece mirar para otro lado.

Otra vez galgueros. Otra vez detenciones. Otra vez pedidos de capturas vigentes. Otra vez la misma pregunta sin respuesta: ¿por qué los delincuentes vuelven a salir ganando?

En los últimos días, el Comando de Prevención Rural (CPR) de Chascomús volvió a interceptar a cazadores furtivos en la zona rural de Manantiales, cerca del establecimiento San Ignacio. Cuatro individuos, oriundos de Lomas de Zamora y conocidos por practicar la caza con galgos, fueron sorprendidos en plena infracción a bordo de una camioneta Toyota Hilux. Uno de ellos tenía un pedido de captura activo por encubrimiento de robo en grado de tentativa, emitido por el Juzgado Correccional N° 7 de Banfield.

Este no fue un hecho aislado. El fin de semana anterior, otro vehículo fue detenido en circunstancias similares. Uno de los ocupantes también presentaba un pedido de captura activo. Y unos días antes, en otro operativo coordinado entre el CPR y el Centro de Monitoreo Municipal, fue aprehendido un hombre con pedido de comparendo compulsivo por “robo agravado en despoblado y en banda”, según lo dispuso la UFI N° 8 del Departamento Judicial de La Plata.

Los procedimientos policiales son eficientes, los recursos municipales colaboran, y las denuncias se repiten. Pero nada cambia.

Una ley que existe, pero no alcanza

En Argentina, la Ley N° 27.330 prohíbe desde 2016 las carreras de galgos, con penas de hasta cuatro años de prisión para quienes las promuevan u organicen. Además, el Decreto 691/1981 prohíbe expresamente la caza de liebres con galgos y otras formas de caza en batida. Sin embargo, en los hechos, estas normas se aplican con tibieza o no se aplican del todo.

Detrás de la aparente “simple infracción rural”, se oculta un entramado ilegal que incluye maltrato animal, violación a la propiedad privada, organización clandestina de torneos —algunos bajo la modalidad de “campeonatos de yuntas”— y vínculos con causas penales más graves. Son grupos organizados, que actúan con impunidad en zonas despobladas, sabiendo que la ley puede estar escrita, pero raramente se hace cumplir con firmeza.

La impunidad que desespera

Mientras tanto, los vecinos de la zona rural —productores, trabajadores, familias— viven una situación de constante exposición. Ven cómo sus propiedades son intrusadas, cómo la fauna es diezmada y cómo los infractores, en muchos casos con antecedentes delictivos, son detenidos… y luego liberados.

El maltrato animal, la inseguridad rural y la desprotección legal frustran a quienes cumplen la ley. Y esa frustración no se traduce en soluciones: apenas se acumulan actas contravencionales, sumarios y causas judiciales que pocas veces prosperan. ¿Qué hace falta para que estas prácticas desaparezcan? ¿Qué impide a la Justicia avanzar con celeridad y contundencia?

Una decisión política pendiente

El problema ya no es solo policial o judicial: es político. Falta decisión, seguimiento, y voluntad de transformar las leyes en realidades. Se necesitan respuestas más firmes, más coordinación entre fiscales, jueces y fuerzas de seguridad, y un compromiso sostenido para erradicar estas prácticas. La comunidad lo exige.

Hace años que los mismos hechos se repiten con distintos nombres. Y los resultados no varían: los vecinos se sienten solos, y la ley sigue sin hacerse valer.

La pregunta, entonces, ya no es si la ley existe, sino por qué no se aplica. ¿Por qué siempre ganan los mismos? ¿Por qué siguen ganando los malos?

Una incógnita que, tristemente, solo la Justicia puede —y debe— responder.