Luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara que eliminarán el Día del Trabajador del Estado por decreto, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, rechazó esta medida y señaló que “es un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.
“El único que goza de privilegios del Estado sos vos Adorni, caradura. Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida”, indicó el referente estatal en la previa de la movilización del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo.
“El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876. Sólo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó. En la argentina no existen los emperadores. Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que los reconoce como tales, pero no van a poder”, agregó Rodolfo Aguiar.
Es importante recordar que el 27 de junio se conmemora el Día de la y el trabajador del Estado en Argentina, establecido a través de la Ley 26.876 que fue promovida por el entonces diputado nacional Víctor De Gennaro, a iniciativa de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE). La misma conmemora el momento en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio Nº 151 y la Recomendación Nº 159 vinculados al derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.
En Argentina, el antecedente clave para este reconocimiento lo daría la promulgación de la Ley de Negociación Colectiva 24.185, más conocida como la Ley Abdala, promulgada en 1992 que habilitó la negociación colectiva en paritarias como mecanismo para la discusión salarial y la ampliación de derechos de los trabajadores estatales. Con ella se establecieron las bases para que los sindicatos puedan discutir las condiciones laborales y salariales con el Gobierno, buscando un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y las necesidades del Estado