En el marco de la Operación Infancias IV, la Policía Federal Argentina llevó a cabo un allanamiento en la ciudad de Castelli, en el que se desbarató una red dedicada a la tenencia y distribución de pornografía infantil. El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia Criminal (UIC), con el apoyo de personal especializado en cibercrimen y delitos tecnológicos de la División Unidad Operativa Federal de Chascomús.
La investigación, que duró varios meses, tuvo como eje principal el combate contra delitos como el grooming y la circulación de material pornográfico infantil a través de plataformas digitales. La UIC desarrolló una exhaustiva labor de recolección de pruebas tanto a nivel digital como en el terreno, con el objetivo de desmantelar esta red de explotación.
El allanamiento en Castelli fue una de las múltiples diligencias realizadas a nivel nacional en el marco de la operación, que incluyó intervenciones en diversas localidades del país, todas orientadas a erradicar este grave flagelo social.
La operación fue supervisada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de General Madariaga, bajo la dirección del fiscal Dr. Walter Mercuri y la Secretaría de Dr. Juan Novelli. Gracias a la acumulación de pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías Nº 2 de Dolores, a cargo del Dr. Mariano Cazeaux, emitió la orden judicial para proceder con el allanamiento.
Durante el operativo, se secuestraron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos celulares, computadoras, notebooks y pendrives, que contienen información relevante para la causa. Además, se incautaron otros elementos de interés que permitirán avanzar en la investigación.
Como resultado del allanamiento, se notificó a dos personas mayores de edad, un hombre y una mujer, quienes están siendo investigados en relación con los cargos de tenencia y distribución de pornografía infantil. La justicia continúa trabajando en el esclarecimiento de este caso, con el objetivo de garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Este operativo refuerza el compromiso de las autoridades argentinas en la lucha contra los delitos cibernéticos, especialmente aquellos que afectan a la niñez, y demuestra el esfuerzo continuo por parte de la Policía Federal en la protección de los derechos de los menores en todo el país.