Ajuste silencioso que erosiona el futuro productivo: ciencia, educación técnica, industria y empleo bajo la lupa del Gobierno
Mientras el Gobierno avanza con el desmantelamiento del INTA, el recorte a la educación técnica y una apertura importadora que golpea a la industria, el empleo registrado se derrumba y se profundiza un modelo que debilita la ciencia, la producción y el trabajo argentino, poniendo en riesgo la capacidad productiva y el futuro del país.
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Mientras el discurso oficial insiste en la “eficiencia”, la “modernización del Estado” y el achicamiento del gasto público, el Gobierno de Javier Milei avanza de manera fragmentada pero persistente sobre los pilares estratégicos del desarrollo nacional. Ciencia, tecnología, educación técnica, industria y empleo aparecen como blancos recurrentes de un ajuste que, lejos de ser neutral, impacta de lleno sobre la productividad argentina y la capacidad del país para generar trabajo genuino.
En ese marco, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), principal organismo científico-tecnológico vinculado al desarrollo agroproductivo, vuelve a quedar en el centro de la ofensiva oficial. A pesar de existir una medida cautelar en la Justicia y del freno político que había impuesto el Congreso, el Poder Ejecutivo impulsa un plan de desmantelamiento que incluye despidos, cierres de estructuras territoriales y el remate de miles de hectáreas destinadas históricamente a la investigación y la experimentación.
Documentos internos del Consejo Directivo del organismo revelan que el Gobierno busca avanzar con la venta de unas 42 mil hectáreas pertenecientes a estaciones experimentales, rotuladas como “improductivas”. Se trata de tierras que forman parte de las más de 100 mil hectáreas que el INTA utiliza para investigación aplicada, desarrollo tecnológico y acompañamiento a productores de todo el país. La comunidad científica y universitaria advierte que la iniciativa implica una pérdida de patrimonio estratégico y un retroceso severo en la capacidad de innovación nacional.
El ajuste contempla además el recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias territoriales y la eliminación de 82 programas, reduciendo los programas nacionales activos de 134 a apenas 52. Entre los más afectados se encuentran los vinculados a la Agricultura Familiar, un sector clave para la soberanía alimentaria, el arraigo rural y el sostenimiento de economías regionales. En paralelo, se proyecta un “shock” de retiros voluntarios que reduciría drásticamente la dotación de personal técnico y profesional.
La avanzada se acelera luego de que técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizaran mediciones en predios del INTA. La AABE está presidida por Nicolás Pakgojz, hombre de confianza del empresario inmobiliario Eduardo Elzstain, cercano al presidente Milei, lo que alimenta sospechas sobre un posible negocio inmobiliario detrás de la decisión política.
Ante este escenario, los gremios APINTA y ATE anunciaron medidas de protesta para este jueves, 18 de diciembre, frente a la sede central del organismo, advirtiendo que el Consejo Directivo podría convalidar “el desguace y la liquidación” del INTA en su última sesión del año.
Pero el ataque al sistema científico y tecnológico no ocurre en soledad. En la misma línea se inscribe el proyecto de Presupuesto 2026, que elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional mediante la derogación del artículo 52 de la Ley N° 26.058. Este fondo garantizaba recursos específicos —no inferiores al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional— para equipamiento, infraestructura y formación docente en escuelas técnicas.
La supresión de este instrumento representa un golpe directo a una modalidad educativa que requiere inversiones sostenidas y que ha sido históricamente clave para la formación de técnicos calificados. La decisión se suma, además, a la derogación del objetivo de invertir el 6% del PBI en educación y a un ajuste persistente sobre el sistema universitario, que las propias casas de estudio consideran insuficiente para garantizar su funcionamiento normal.
Este desfinanciamiento educativo ocurre en paralelo a una apertura importadora acelerada que golpea de lleno a la industria nacional. Durante 2025, las importaciones de bienes de consumo crecieron a ritmos muy superiores a la producción local, desplazando a empresas nacionales, reduciendo la utilización de la capacidad instalada y provocando cierres de fábricas y despidos en sectores como indumentaria, electrodomésticos, tecnología, metalmecánica y construcción.
El impacto social de este modelo ya se refleja con claridad en el mercado laboral. El cierre de fábricas, la caída de pymes y el derrumbe del consumo se volvieron parte del paisaje cotidiano. Con salarios que no alcanzan y trabajadores cada vez más cerca de la línea de pobreza, sostener el empleo dejó de ser una certeza. En ese contexto, el empleo registrado volvió a retroceder de manera sostenida.
Según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre junio y septiembre de 2025 se perdieron 49 mil puestos de trabajo en el sector privado. El dato confirma que la recuperación de fines de 2024 fue breve y que, a lo largo de 2025, el mercado laboral ingresó en una etapa de debilidad persistente.
El deterioro se profundizó en septiembre, cuando el empleo registrado volvió a caer con fuerza: ese mes se contabilizaron 10.700 trabajadores menos que en agosto. La baja se explicó casi en su totalidad por el retroceso del empleo asalariado privado, que se contrajo un 0,1%, equivalente a unos 9 mil puestos menos declarados en la Seguridad Social.
La pérdida de empleo atraviesa a casi todos los sectores. En la comparación interanual, respecto de septiembre de 2024, el empleo asalariado registrado se redujo en 53.300 personas. La caída alcanzó tanto al sector privado (25.900 puestos menos) como al sector público (12.800), mientras que el trabajo en casas particulares volvió a ubicarse entre los más golpeados, con una reducción del 3,2%, equivalente a 14.700 trabajadoras y trabajadores fuera del sistema.
Si se observa el acumulado desde noviembre de 2023, el impacto es aún más profundo. El empleo asalariado privado pasó de 6,38 millones a 6,19 millones, lo que implica 187.400 puestos menos. En paralelo, el empleo público se redujo en 70.100 cargos y el trabajo en casas particulares perdió 27.300 puestos. Son cifras que reflejan un ajuste extendido y persistente, con consecuencias directas sobre el tejido social.
El mapa sectorial confirma la gravedad del momento económico. Durante septiembre, seis actividades redujeron su nivel de empleo: industria, comercio, construcción, agro, transporte y minería. En estos sectores, cada baja se traduce en menos turnos, menos horas trabajadas y, en muchos casos, despidos directos o no renovación de contratos. Los leves incrementos registrados en pesca, electricidad, gas, agua y enseñanza resultan insuficientes para compensar las pérdidas en las actividades más intensivas en mano de obra.
En conjunto, el desmantelamiento del INTA, el desfinanciamiento de la educación técnica, la apertura indiscriminada de importaciones y la destrucción de empleo no son hechos aislados. Forman parte de una misma lógica que debilita la capacidad productiva del país y consolida un modelo más dependiente de la importación que de la producción nacional. Bajo la bandera del ajuste, el Gobierno avanza sobre los cimientos del desarrollo argentino, erosionando el presente y comprometiendo el futuro.
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