En un país donde los aumentos desmedidos se han vuelto moneda corriente —desde la medicina prepaga hasta los alimentos más básicos—, el acceso a la salud ya no es una garantía sino un desafío cotidiano. Mientras millones de argentinos pierden cobertura médica por la caída de su poder adquisitivo o por la desregulación de las obras sociales, el sistema de salud pública se convierte en el único refugio para quienes no pueden pagar. Y es ahí, en ese contexto de abandono nacional, donde el Estado local debe decidir si se corre o se planta. En Chascomús, eligieron lo segundo.
La situación económica que atraviesa la Argentina golpea con fuerza. Según datos recientes, cerca del 36% de la población ya depende exclusivamente de la salud pública. Esta cifra crece cada mes, arrastrando consigo a sectores que antes contaban con obra social o prepaga. La crisis no distingue clases sociales: los consultorios municipales y la farmacia del hospital ven desfilar a vecinos de todos los rincones y perfiles sociales, empujados por los aumentos, los recortes y la falta de respuestas desde el gobierno central.
Frente a esta emergencia sanitaria y social, la Municipalidad de Chascomús destinó, solo en abril, más de 71 millones de pesos a la compra de medicamentos e insumos hospitalarios. El dato no es menor, y cobra aún más relevancia cuando se sabe que no se trata únicamente de sectores históricamente vulnerables, sino de un universo cada vez más amplio de vecinos y vecinas que necesitan ayuda. Porque cuando el sistema privado expulsa, la salud pública contiene. O al menos lo intenta.
Pero el esfuerzo tiene límites. La reciente disposición nacional que prohíbe el uso de productos del laboratorio Ramallo implicó un gasto extra de más de 7 millones de pesos para el municipio, que debió reponer medicación con fondos propios para garantizar la continuidad de tratamientos. Esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una política más amplia de desregulación del mercado, cuyos efectos son devastadores en el bolsillo de la población, especialmente el de las personas mayores.
Mientras el precio de los medicamentos crece por encima de la inflación, los jubilados que perciben la mínima siguen recibiendo el mismo bono de $70.000 desde marzo, cuando, si se ajustara según la fórmula oficial, debería duplicarse. Además, el recorte del vademécum del PAMI obligó a muchos beneficiarios a pagar de su bolsillo fármacos esenciales que hasta hace poco estaban cubiertos al 100%. Algunos directamente dejaron de tomarlos.
En ese paisaje de desamparo, el Estado municipal de Chascomús no eligió la comodidad de la excusa ni la parálisis del “no hay plata”. Respondió, aún cuando el recorte de fondos nacionales y provinciales también golpea sus cuentas. Aumentó la inversión en salud. Reforzó la presencia territorial. Rediseñó prioridades. Porque cuando el sistema falla arriba, alguien tiene que estar abajo para sostener.
No es magia, ni alcanza. Pero es decisión política. Y es, sobre todo, una señal de humanidad y compromiso en tiempos donde mirar para otro lado parece ser la salida más fácil.